Se puede decir que la pérdida de papeles, de la mesura y del sentido común por parte del Gobierno local en el asunto del paseo marítimo, es absoluta. Transcurridos siete meses desde el cierre, y sin que se haya adoptado ni una sola medida para restablecer el tráfico en una carretera cuya gestión es competencia del Ayuntamiento, desde el PP vemos con estupor el burdo intento del alcalde y los concejales del PSOE de descargar toda la responsabilidad en este asunto en la familia desalojada por el argayo, que junto a los vecinos que han visto cortado al tráfico su paseo marítimo, son las víctimas de esta situación.
No podemos obviar que
el cierre afecta a todo el paseo marítimo, y el argayo que
originó el desalojo de la familia se concentra en un punto concreto del mismo. Tampoco podemos
olvidar que desde el momento en el que un bien de
dominio público, en este caso el paseo marítimo, se ve afectado por los
argayos, ya procedan de bienes privados o públicos, la obligación del
Ayuntamiento, en tanto que Administración gestora de ese tramo de carretera, es
adoptar todas las medidas que garanticen el uso normal y adecuado de ese bien. Por todo ello, es
indecente e irresponsable que toda una Administración Pública, el Ayuntamiento
de Carreño, culpe a una familia de su dejación de responsabilidades.
Nadie salvo el alcalde es responsable de la recepción del paseo
marítimo de manos del Principado sin que éste arreglara los argayos, que es la condición que aprobó el Pleno. Nadie salvo el PSOE es culpable de decidir cerrar todo el
paseo marítimo, cuando el argayo que originó el desalojo se localiza en una
parte de la ladera del monte. A todo ello se une que el propio PSOE reservó una partida superior a los 100.000 euros en
el presupuesto de 2013 para reparar los argayos. ¿ Por qué se ha previsto esa
cantidad si estamos ante un asunto privado?.
El último capítulo de esta sucesión de acciones tendentes a
culpabilizar a la familia afectada de la situación es la exigencia de trámites e informes injustificados para autorizarles
una simple retirada de tierra y escombros en el ámbito de una propiedad privada, que en nada afecta
a la seguridad ni a la estabilidad de la ladera. Si el Ayuntamiento tiene
técnicos, ¿por qué exigir a la familia la presentación de informes y proyectos
cuando podría ser el propio Ayuntamiento el que autorice la obra menor
solicitada imponiendo las condiciones de seguridad a que haya lugar?. ¿Por qué se quiere dificultar injustificadamente la vida de unos
vecinos de nuestro concejo que únicamente quieren recuperar la normalidad de
sus vidas?.
Pues bien, en este
punto el PP de Carreño quiere denunciar una situación
que pone de relieve el grado hostigamiento al que se somete a la
familia. Según nos ha transmitido la propia familia, el día de la
manifestación por el cierre del paseo marítimo, el Secretario del Ayuntamiento
llamó a su abogado para “transmitirle
el disgusto del alcalde por la presencia de Alicia en la manifestación.” Nos parece
absolutamente escandaloso que un funcionario que tiene la obligación de
neutralidad, haga de portavoz del alcalde en un intento de intimidar a la
familia, y peor aún es que el primer edil de Carreño sea tan poco respetuoso
con el ejercicio del derecho de manifestación, que es un derecho fundamental,
por parte de unos vecinos del concejo.
Creemos que es obligación tanto del alcalde como del secretario
del Ayuntamiento, que dejen de hostigar a esta familia y que se dediquen
exclusivamente a cumplir sus obligaciones. El alcalde debe hacer todo lo
posible para reabrir el paseo después de siete meses, y el secretario del
Ayuntamiento debe centrarse en su trabajo como funcionario y dejar de
invadir el campo político que le tendría que resultar ajeno por completo.
LA NOTICIA EN LA PRENSA: