Según dice el fiscal, el señor Riego hacía una cosa en el Ayuntamiento de Carreño, y la contraria en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón. Parece que su defensa consiste en alegar ignorancia, o basar su actuación en el criterio de otros, pero no en el suyo. En definitiva, en el fondo reconoce ser un alcalde que, como mínimo, tomó determinadas decisiones con un alto grado de irresponsabilidad. El alcance penal de lo ocurrido lo deberá determinar el Poder Judicial. Desde el punto de vista político, el comportamiento del ex alcalde queda retratado como el de un pésimo gobernante.
